Dichos delitos, mencionó el experto en la materia «actualmente tienen una preinscripción de 3 y 5 años como máximo para ser atendidos, que a mi parecer son más que suficientes» estableció.
Y es que retomó que de alargar el plazo a 8 años, tal y como lo propone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sólo se le facilitaría el trabajo al SAT y se desgastaría al contribuyente.
«A lo mejor por cargas administrativas o de trabajo no les alcanzan 3 años para atender el delito; sin embargo, extenderse a 8 años es demasiado tiempo; además un empresario no puede ir caminando por la calle diciendo hoy me hicieron una auditoria y no sé qué pasará hasta dentro de 7 años en donde posiblemente me va a tocar la puerta la policía federal para llevarme a la cárcel» ejemplificó.
Pero ¿por qué hay plazos? cuestionó y, a la vez, respondió «debido a que es un derecho de todo ciudadano es incluso algo humano tener certeza jurídica; sin embrago, periodos tan largos también podrían volverse una incertidumbre que afecte a los contribuyentes».
Cabe indicar que cualquier delito federal que se cometa, el término para que prescriba la acción penal es de 3 años a partir de que se tiene el conocimiento del delito en materia fiscal; y de 5 años en caso de que se desconozca el mismo.
«Pero el día de hoy la autoridad fiscal puede hacer una auditoria a la empresa y darse cuenta de que puede haber un delito fiscal; para ello tiene tres años para presentar una denuncia y para que se ejerza la acción penal que desde mi punto de vista es suficiente», insistió.
Además concluyó el socio director de Ruiz Consultores «de por sí el día de hoy los delitos fiscales son los que se realizan con más tiempo que cualquier otro y con esta nueva iniciativa se harían aún más largos».
