El CCE estableció mesas de trabajo con propuestas en materia de licitaciones y contrataciones
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Una fiscalía anticorrupción independiente y ajustes al código penal para reformar los aspectos relacionados con estos actos de cohecho, son las propuestas que hizo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para incluir en las siete leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El CCE evocó seis aspectos fundamentales que propone para incluir en la legislación pendiente que tenía como plazo constitucional hasta el 28 de mayo:
1.- Crear la Fiscalía Anticorrupción independiente, con plenas facultades para presentar denuncias, que evite que sus procesos se vean contaminados por cualquier forma de intencionalidad política
2.- Tener una Secretaría de la Función Pública renovada y fortalecida, con contralorías internas profesionales.
3.- Asegurar que la Auditoría Superior de la Federación cuente con atribuciones y recursos para revisar el uso del dinero público, que realice auditorías especiales y en tiempo real, con la facultad de acudir a la Fiscalía Anticorrupción a denunciar sin reportar a priori al Congreso.
4.- Establecer la Sala Especial dentro del Tribunal de Justicia Administrativa como órgano autónomo para juzgar los actos de corrupción
5.– Una Ley General de Responsabilidades Administrativas que asegure el desempeño honesto de los funcionarios que evite los conflictos de interés.
6.- Que se ajuste el Código Penal para reformar los tipos penales relacionados con la corrupción.
De igual forma, el la iniciativa privada estableció por su parte cuatro mesas de trabajo conjuntas con la Secretaría de la Función Pública para atender propuestas concretas en materia de licitaciones y contrataciones; trámites, regulaciones y prácticas; códigos de ética, de conducta y de contacto y en materia de denuncia ciudadana y seguimiento de las quejas.
Asimismo, buscarán darle profundidad al Código de Integridad y Ética Empresarial con el plan de acciones que incluye la sensibilización, capacitación y certificación en materia de mejores prácticas de combate a la corrupción, cohecho y extorsión en nuestras empresas socias con certificación y validez internacional.
