«Fundamentalmente presentamos propuestas de modificaciones para hacer más eficiente el marco institucional del crédito en la banca y propusimos la creación de tribunales especializados en materia mercantil.»
Esto, porque las controversias mercantiles se ventilan en tribunales locales y siempre terminan desarrollándose en los tribunales federales, lo que significa un largo camino para diferir conflictos en esa materia, de alrededor de 60 meses, equivalente a 5 años.
«Esto tiene un efecto directo en lo que llamamos la pérdida esperada, que la recuperación sea lenta e ineficiente y ese costo tiene un efecto directo en las tasas de interés.»
De acuerdo con las estimaciones hechas para la creación de los juzgados especializados en materia mercantil, éstos tendrían un costo de 1.5 % del presupuesto total del Poder Judicial, por lo que la inversión sería marginal.
«Puede haber un ahorro de dinero, el estudio parte de la base de arrancar con un grupo de juzgados en Nuevo León, Guadalajara y el Distrito Federal, que concentran 80 % de la actividad económica», detalló.
Ejemplificó que en el Distrito Federal, 70 % de los juicios de los tribunales locales son mercantiles, por lo que más que un incremento en costos sería reducirles la carga, ya que se liberarían recursos de los tribunales colegiados.
Se prevé que la fase piloto de estos juzgados podría arrancar en aproximadamente 18 meses, lo que ayudaría a los gobiernos a reducir sus costos y tiempos de resolución.
Para iniciar operaciones se abriría una convocatoria, para que jueces o secretarios, tanto locales como federales, que tengan interés en la materia mercantil, se especialicen en esa materia.
En el sistema bancario, la pérdida esperada es un elemento importante para el cobro de la tasa de interés; si se simplifica, al tener una justicia más expedita, barata, especializada y rápida, permitirá reducir las tasas de interés de los bancos, explicó el también presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer.
«Si la probabilidad de pérdida es mayor, la reserva es mayor y esto es un costo para los bancos, al tener una justicia más rápida y especializada, las reservas serán menores y esto significa menor costo de operación para los bancos.»
También forma parte de las propuestas avanzar en los conceptos del Buró de Crédito Universal, para que más sujetos estén obligados a reportar los créditos que otorgan.
Además, se busca hacer cambios en materia de garantías en general, así como en los fideicomisos de garantías.
Mencionó que estos temas, junto con otros, formarán parte de la reforma financiera, la cual no será un decreto para bajar las tasas por ley ni tampoco saldrá una reforma que obligue a otorgar un créditos sin que sea sano. Incentivará una reducción de precios, pero siguiendo caminos de una ortodoxia económica.