«La próxima semana citaremos a los integrantes de la Comisión para revisar la minuta, podría ser entre miércoles o jueves, porque queremos sacar una ley que aporte al crecimiento de la economía», aseguró.
Legisladores de la Cámara de Diputados mandaron a realizar un estudio con expertos de la OCDE sobre los aspectos comparativos de leyes de coinversiones público-privadas en diferentes países que las han aplicado con éxito y otras economías en las que no han funcionado, el cual ya está concluido y será presentado a los integrantes de las diferentes fracciones parlamentarias de la Comisión para integrar aspectos.
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«Nos hicieron favor de hacer un estudio comparativo de leyes de este tipo en diferentes países y nos ayudaron a analizar la minuta. Hay que revisar el espectro (de la minuta) porque ha habido aciertos y errores en la aplicación de este tipo de leyes. Analizamos el modelo inglés que tuvo errores, se analiza el chileno, el brasileño y el australiano.
Estamos haciendo un benchmarking (comparativo) de mejores prácticas», refirió Guajardo.
Expresó que al interior de la Comisión de Economía existen voces de algunos integrantes que consideran que estos modelos no deben existir y que es el Estado el que debe tener toda la responsabilidad del desarrollo.
Sin embargo, desde la perspectiva del legislador, «la visión es extremadamente estricta para impedir que la IP entre a este tipo de proyectos y la experiencia internacional nos lo dice, incluso Chile en época socialista nos expresa que no hay elementos fundamentales, pues si hay recursos escasos del gobierno y hay de otros lados para mejorar al consumidor a través de coinversiones público privadas, no hay bien más caro que el que no existe».
«No podemos tener una visión estancada en el pasado cuando mantenemos un Estado fuerte, cuando proteja los intereses de los usuarios los recursos federales, y comparta recursos con la IP para atender necesidades existentes», convocó.
LAS LEYES ESTATALES REGULAN LOS PROYECTOS
HAY APETITO POR APPS AÚN SIN LA LEY DEL RAMO
La falta de una ley específica que regule las Asociaciones Público-Privadas (APPs) en México no ha frenado el interés por este tipo de proyectos, donde los estados y su normatividad son los que han suplido esta carencia, aseguró Fernando Jiménez-Ontiveros, subgerente de Operación del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), perteneciente al Banco Interamericano de Desarrollo.
En el marco de la «Conferencia PPP Américas 2011», organizada por el BID, el directivo comentó: «Una ley específica sobre este tema en México daría una señal positiva a los mercados sobre que existe un consenso político de que las Asociaciones Público-Privadas son importantes para el Estado; sin embargo, esto no ha sido factor que impida las inversiones».
En México el Fomin ha apoyado a 35 proyectos público-privados en diversas áreas, tanto de infraestructura como de desarrollo social, por un monto de más de 221 millones de dólares.
En el pasado periodo de sesiones de la Cámara de Senadores, se aprobó en lo general la Ley sobre Asociaciones Público-Privadas; sin embargo, en lo particular fue pospuesta su aprobación hasta septiembre del 2011.
El Fomin es el organismo encargado de evaluar las posibilidades de desarrollo de las inversiones públicas y privadas en un país o región determinada en América Latina, y capacitar a los funcionarios y empresarios en diversas técnicas de evaluación de proyectos.
Pese a lo anterior, el Fomin dio a conocer el año pasado una evaluación de las condiciones del entorno económico y político, para desarrollar las APPs en México, donde establece que el sistema institucional para este tipo de proyectos se encuentra fragmentado, aunque Jiménez-Ontiveros considera que esta situación está cambiando.
