L.D Janette González Ortiz
Asociado Litigio Fiscal
Janette.gonzalez@ruizconsultores.com.mx
1. Contextualización del asunto.
El SAT le apuesta a un programa de trabajo enfocado en aumentar la eficiencia recaudatoria y la cobranza sin necesidad de judicialización, llamado ABC (Aumentar la eficiencia recaudatoria, Bajar la elusión y evasión fiscal y Combatir la corrupción). Dicho programa contempla un aumento en las invitaciones a los contribuyentes a fin de que estos lleven a cabo la regularización voluntaria (cartas invitación, verificaciones profundas, caídas recaudatorias, etc.), un aumento en los actos de fiscalización (revisiones de gabinete, vitas domiciliarias, revisiones electrónicas) y una búsqueda por sentencias que lleven a la condena de delitos fiscales.
Si bien es cierto, lo anterior es la postura adoptada por las autoridades fiscalizadoras, también lo es que los contribuyentes no se encuentran desprotegidos u obligados a actuar de las formas y bajo los parámetros de dichas autoridades. Los contribuyentes cuentan con la opción de asesorarse no solo desde la parte contable, sino legal para atender de manera segura, sin excesos y de calidad a los requerimientos o solicitudes de las autoridades.
Es así como, al encontrarnos ante una carta invitación, verificación profunda o campaña de caídas recaudatorias es importante analizar la importancia de respuesta, la cantidad de información solicitada y la relevancia que estas tienen para el fin buscado. Evitando con ello, no solo que la autoridad solicite información innecesaria que obliga a los contribuyentes a realizar un desgaste administrativo en el capital humano, sino probablemente evitar consecuencias como multas o el inicio de facultades de comprobación en forma.
Dentro de varios pronunciamientos realizados por el Servicio de Administración Tributaria se encuentran las de reforzar las acciones persuasivas como inmovilización de cuentas bancarias, cancelación de CSD o la emisión de opinión de cumplimiento en sentido negativo; dichas medidas claramente no pueden definirse como una “acción persuasiva”, sino un mecanismo de castigo o presión a fin de lograr sus intereses, puesto que todas ellas pueden llevar a la muerte económica del contribuyente ya que los procedimientos para liberarlos, restituirlos o cambiar el estatus no suceden en los plazos legalmente establecidos.
Ante cualquiera de las situaciones anteriores, se cuenta con medios de defensa para su protección, pero además existen procedimientos o mecanismos administrativos que ayudan a resolver, tramitar o agilizar los procesos que puedan suscitarse para resolver una afectación a los contribuyentes entre los que se encuentran los Acuerdos Conclusivos, quejas, inconformidades o aclaraciones, de los cuales contamos con gran experiencia para su tramitación y buenos resultados ya que podemos acortar tiempos (situación que no sucede en tribunales).
