EL ECONOMISTA.- Prometen los organismos de la Iniciativa Privada llevar la inversión a niveles de 25% del PIB; centran sus demandas en el otorgamiento de deducción inmediata de inversiones y depreciación acelerada.
Las negociaciones entre la Secretaría de Hacienda y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se enfilan a que habrá estímulos fiscales a la inversión y el ahorro en el 2016, lo que generaría el aporte de dos puntos porcentuales adicionales al crecimiento económico de ese año y permitiría llegar a 25% de inversión como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), afirmaron líderes empresariales.
En reunión privada, el titular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videgaray, se comprometió con los empresarios -el viernes pasado- a definir mecanismos antes de septiembre, a fin de que sean parte del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2016.
Gerardo Gutiérrez Candiani informó que el CCE entregó un paquete de propuestas “muy interesantes”, que paliarán la reducción de ingresos en la Federación. “Si nos mejoran las condiciones para dinamizar las inversiones, eso se traducirá en más empleo y fortalecimiento del mercado interno con mayores inversiones”, garantizó.
La principal solicitud de los empresarios es obtener la deducibilidad a la inversión y las prestaciones sociales a 100%, lo cual permite reactivar los capitales y el consumo en el país. Desde el 2014, como parte de la reforma fiscal, se aplica la deducibilidad a 53%, factor que elevó los impuestos cerca de 35%, carga que genera el debilitamiento del mercado interno.
El líder del CCE estableció: “Estamos haciendo propuestas sensatas, periódicas, de alto impacto y vamos a avanzar. La idea es que en septiembre se discutan y que se pongan en marcha el próximo año”. Luis Foncerrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), explicó que con la garantía de contar con certeza jurídica y estímulos, se prevé incrementar el crecimiento en dos puntos porcentuales del PIB y, “si esto sucede, podríamos tener en el 2016, 2017 y 2018, un total de inversión como proporción del PIB, incluyendo la pública, de 25% del PIB o más, y crecer cercanos a 4%, lo que sería un éxito”, exclamó.
Sólo en el año de 1981, la inversión total en México superó el nivel de 25%, cuando la economía crecía a tasas cercanas a 9% anual; actualmente la inversión privada representa 17% el PIB y la pública, 3%, comparó.
“Esperamos que podamos tener un paquete de incentivos para acelerar las inversiones, premiar la innovación y la generación de empleos. Esperemos que lo aterricemos este año”, confió Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). El líder patronal recordó que existe un margen de maniobra para dotar de incentivos a los capitales, puesto que se han obtenido ingresos fiscales por arriba de 33% durante el primer trimestre. “Lo que vemos es que avanzamos (en las reuniones fiscales) y también cómo subsanar la pérdida de ingresos fiscales. Si logramos lo que queremos (los incentivos), los montos de inversión serán importantes”, prometió Gerardo Gutiérrez.
La propuesta de la IP para elevar inversión
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Deducción inmediata de las inversiones y depreciación acelerada de activos.
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Incentivos a la generación de innovación y tecnología.
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Mantener la deducción a las aportaciones voluntarias de los trabajadores hasta el equivalente a 10% de los ingresos del contribuyente, teniendo como límite cinco salarios mínimos generales.
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Apoyos para compensar la homologación del IVA en la frontera, que pasó de 11 a 16 por ciento.
