Dr. Domingo Ruiz López
Socio Director
Domingo.ruiz@ruizconsultores.com.mx
El pasado 16 de septiembre, se publicó el decreto que reforma la Constitución para implementar una profunda transformación en el Poder Judicial. Entre sus cambios más destacados está la elección popular de ministros, magistrados y jueces, la creación de un tribunal de disciplina judicial, y la obligación de que todas las personas juzgadoras se sometan a elección periódica. Este nuevo esquema plantea algunos riesgos para la seguridad jurídica en México, lo cual debe considerarse de manera crítica en la toma de decisiones empresariales.
¿En qué consiste la reforma?
La reforma modifica el sistema de designación de los jueces y magistrados, estableciendo que su nombramiento se haga a través de elecciones populares. Esta medida se dice que tiene como objetivo hacer más democrático el proceso de selección de quienes imparten justicia. Sin embargo, plantea dudas sobre la independencia judicial, ya que los juzgadores podrían verse influidos por intereses políticos o la opinión pública, comprometiendo su imparcialidad.
Asimismo, se crea un tribunal de disciplina judicial, cuyo propósito será supervisar y sancionar la conducta de los jueces, magistrados y ministros. Este tribunal tendrá la facultad de revisar las decisiones judiciales y sancionar posibles irregularidades, asegurando la probidad en el ejercicio de sus funciones.
Finalmente, la reforma prevé que todas las personas juzgadoras deberán someterse a elecciones periódicas, lo que supone una evaluación constante de su desempeño por parte de la ciudadanía.
Aunque esto se presenta como un mecanismo de control democrático, existen preocupaciones respecto a cómo este proceso electoral puede afectar la toma de decisiones judiciales, si los jueces priorizan su popularidad sobre la justicia y la legalidad.
Implicaciones para la seguridad jurídica
El nuevo sistema trae consigo riesgos para la seguridad jurídica, un pilar esencial para el desarrollo económico y la confianza de las empresas. La independencia judicial es fundamental para que las decisiones en los tribunales se tomen con base en la ley y no bajo presiones externas. La elección popular de jueces podría generar un ambiente en el que las decisiones judiciales estén influenciadas por factores ajenos a la legalidad, lo que incrementa la incertidumbre en la aplicación de las normas.
Leyes secundarias y adecuaciones estatales pendientes
Es importante señalar que esta reforma aún requiere de la promulgación de leyes secundarias para detallar su implementación. Además, se necesita que los poderes judiciales estatales también reformen sus estructuras para alinearse a esta nueva disposición constitucional. Mientras no se expidan estas leyes complementarias, la reforma aún no podrá implementarse completamente, lo que podría generar vacíos legales e interpretaciones ambiguas.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa: sin cambios
Es crucial señalar que esta reforma no afecta el funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que sigue siendo el órgano encargado de resolver las controversias entre los particulares y las autoridades fiscales en primera instancia. La operación del TFJA, que resuelve la mayoría de los litigios fiscales, se mantiene inalterada, lo que ofrece un grado de estabilidad en este aspecto específico del sistema judicial.
La importancia de la prevención en las empresas ante este panorama, la prevención cobra una relevancia aún mayor para las empresas. El entorno legal en México está experimentando un cambio estructural, y es vital que las compañías adopten estrategias proactivas para reducir los riesgos asociados con la incertidumbre jurídica. Esto implica reforzar los mecanismos de cumplimiento legal y fiscal, revisar sus operaciones y tomar decisiones informadas que minimicen los posibles impactos de esta transformación judicial.
Certeza jurídica y cumplimiento fiscal
La certeza jurídica es uno de los pilares que permite a las empresas operar en un ambiente de confianza y previsibilidad. Para mantener esta certeza, es crucial contar con un modelo sólido de cumplimiento fiscal y legal. Las empresas deben asegurarse de que todas sus operaciones están debidamente documentadas, respaldadas por razones de negocio y que cumplen con los requisitos fiscales y legales. Además, es esencial que los empresarios se involucren en las decisiones fiscales de sus compañías, sin delegar completamente esta responsabilidad en terceros.
Recomendaciones
- Fortalecer el cumplimiento fiscal y legal: Mantener un programa robusto de cumplimiento en el que todas las transacciones y operaciones estén debidamente respaldadas y justificadas.
- Asesoría jurídica especializada: Trabajar con expertos que puedan orientar a la empresa en la toma de decisiones estratégicas ante la evolución del sistema judicial y fiscal.
- Evaluación constante de riesgos: Realizar auditorías internas y externas que permitan identificar posibles riesgos legales y fiscales, así como implementar acciones correctivas.
- Capacitación del personal clave: Asegurarse de que los equipos jurídicos y contables de la empresa estén actualizados en cuanto a las nuevas disposiciones legales y fiscales.
En Ruiz Consultores, estamos comprometidos con la certeza jurídica en las empresas. Entendemos la importancia de anticiparse a los cambios normativos y de estructurar modelos de cumplimiento que brinden seguridad y confianza en la operación diaria de tu negocio. Acompañamos a las empresas en su toma de decisiones, proporcionando soluciones integrales para que puedas enfrentar con éxito los desafíos que presenta la nueva realidad jurídica en México.
