Dr. Domingo Ruiz López
Socio Director
El Paquete Económico 2025 presentado por el Ejecutivo Federal y aprobado por la Cámara de Diputados es, sin duda, un marco clave para analizar el rumbo fiscal y económico del país. La Ley de Ingresos, que proyecta ingresos de 9.3 billones de pesos, se destaca por dos elementos relevantes: no contempla nuevos impuestos ni incrementos en las tasas existentes, y basa sus expectativas en un crecimiento económico estimado entre el 2% y el 3%. Sin embargo, estas previsiones dejan entrever riesgos importantes que deben ser considerados tanto por el gobierno como por los contribuyentes.
La Fragilidad de las Proyecciones de Crecimiento
El crecimiento económico proyectado, aunque razonable en función del dinamismo interno y la recuperación de ciertos sectores postpandemia, contrasta con estimaciones más conservadoras de organismos internacionales. Por ejemplo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional anticipan un crecimiento para México de entre 1.3% y 1.5% para 2025, cifras significativamente inferiores a las del gobierno. Esta discrepancia plantea un reto evidente: si la economía no crece al ritmo esperado, la recaudación orgánica tampoco alcanzará las metas establecidas, generando un déficit en los ingresos públicos.
En este escenario, el gobierno se enfrenta a una encrucijada. La necesidad de mantener la estabilidad macroeconómica y financiar programas sociales, infraestructura y deuda obliga a buscar fuentes alternativas de ingresos. Si bien no se han propuesto nuevos impuestos, es previsible que las autoridades incrementen sus esfuerzos de fiscalización para cerrar brechas de cumplimiento. Esto incluye auditorías más exhaustivas, el uso intensivo de tecnologías como el big data y el machine learning para identificar riesgos fiscales, y una mayor presión sobre sectores tradicionalmente más fiscalizados, como las grandes empresas y los profesionales independientes.
El Compliance Tributario como Imperativo Empresarial
En este contexto, las empresas y contribuyentes deben adoptar una postura proactiva en cuanto a su cumplimiento fiscal. El compliance tributario, entendido como el conjunto de políticas, procesos y controles para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, se vuelve más relevante que nunca. Esto no solo implica llevar contabilidades claras y transparentes, sino también documentar adecuadamente las operaciones para evidenciar su materialidad y razón de negocio, dos aspectos fundamentales en las revisiones fiscales actuales.
La administración de riesgos fiscales también juega un papel crucial. Las empresas deben identificar sus áreas de vulnerabilidad, prever posibles contingencias y establecer estrategias que minimicen el impacto de cualquier irregularidad detectada. Contar con equipos internos o asesores externos especializados en la materia se convierte en una necesidad para operar en un entorno cada vez más complejo y regulado.
El Diálogo con la Autoridad: Asertividad y Certeza Jurídica
Ante una posible intensificación de las revisiones fiscales, es vital que los contribuyentes estén preparados para dialogar de manera asertiva con las autoridades. Esto implica no solo contar con argumentos sólidos y documentación fundatoria, sino también desarrollar habilidades de negociación y conciliación. Aquí es donde los medios alternos de solución de controversias adquieren un protagonismo especial.
Los acuerdos conclusivos, promovidos por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), son una herramienta eficaz para resolver disputas fiscales de manera más rápida y con menor desgaste. Este mecanismo permite que las partes, contribuyente y autoridad, lleguen a un entendimiento que otorga certeza jurídica al primero y garantiza la recaudación al segundo. Además, reduce significativamente los tiempos y costos asociados a los litigios fiscales tradicionales.
En paralelo, los mecanismos de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Controversias, representan alternativas interesantes en el ámbito fiscal, que se pueden llevar a cabo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de manera previa a iniciar un juicio, resultan una novedosa alternativa, en la que desde luego, los elementos esenciales de la contribución no se negociarán, pero si se podrán construir acuerdos sobre el valor de las pruebas, la apreciación de los hechos y la interpretación normativa. En un entorno donde la relación entre autoridad y contribuyente puede ser percibida como adversarial, estos mecanismos ofrecen una vía para construir confianza y cooperación.
Conclusión
El Paquete Económico 2025 marca una etapa crucial para la economía y la fiscalidad en México. Si bien el compromiso de no aumentar impuestos envía una señal positiva, las metas de recaudación dependen en gran medida de variables económicas externas e internas que podrían no comportarse como se espera. En este entorno de incertidumbre, los contribuyentes deben redoblar sus esfuerzos en compliance tributario y gestión de riesgos, preparándose para interactuar con autoridades que estarán más enfocadas en la fiscalización como herramienta de recaudación.
Los acuerdos conclusivos y los medios alternos de solución de controversias representan una oportunidad para construir una relación más colaborativa entre el contribuyente y la autoridad, logrando resolver conflictos de manera eficiente y con beneficios mutuos. Más que una obligación, el cumplimiento fiscal debe entenderse como una estrategia de competitividad y sostenibilidad para las empresas, que les permitirá operar con confianza y contribuir al desarrollo económico del país.
