Más aún, se dan casos de empresas que habiendo garantizado el pago del crédito no tienen vías aún para recuperar sus cuentas.
Se diría, pues, que el remedio resultó peor a la enfermedad. El escenario plantea el reto mayor para la recién creada Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, cuya titular, Diana Bernal, de filiación perredista, se encuentra prácticamente atada de brazos ante la inaudita inexistencia de un reglamento a la ley que creó el instrumento.
Dicho con todas las letras, aunque los objetivos están claros en ésta, las herramientas están aún pendientes.
Se diría, pues, que al gobierno, más concretamente a la Secretaría de Hacienda, no le interesa darle dientes a la instancia. De hecho, la llegada de ésta debió librar una carrera de obstáculos. De entrada, se le dotó de un presupuesto raquítico, apenas suficiente para pagar los salarios de un grupo compacto de colaboradores. Más allá, se le colocó en instalaciones con carácter provisional que, cinco meses después, no alcanzan aún nivel de definitivas.
En el escenario, hasta hoy las únicas quejas que ha podido recoger plantean morosidad del SAT frente a solicitudes de devolución de impuestos o de no reconocimiento de pagos provisionales realizados vía depósitos bancarios en efectivo.
En sus primeras declaraciones, además, la calificada como ombudsman del contribuyente fue desmentida por la dependencia al señalar que en tres años había aumentado 400% el número de cuentas bancarias congeladas.
Lo cierto es que la inmovilización le pega de lleno a las empresas por doble vía: al cerrarse su posibilidad de sobrevivencia y al mantenerse subjúdice la posibilidad de cobro por parte de sus acreedores. Digamos que el castigo para una firma morosa se vuelve carrusel para los que están ligados a ésta, para no hablar de sus propios trabajadores.
Se diría que cuenta que se congela, cuenta que se muere para el usuario ante la imposibilidad de recuperación, por más que su monto sea tres, cinco o 10 veces superior al crédito fiscal fincado.
El absurdo alcanza niveles de escándalo si se considera que la Secretaría de Hacienda, es decir, la que solicitó la inmovilización, no tiene facultades para revocar su petición.
De acuerdo al SAT, para llegar a la congelación de cuentas se requiere un largo proceso. De entrada, se le solicita al contribuyente ponerse al día con sus pagos. Más tarde se realiza un inventario de sus bienes muebles e inmuebles para garantizar el entero de la omisión.
De no conciliar, se llega al escenario extremo.
La paradoja del caso es que el SAT minimiza el embrollo jurídico señalando que las 25 mil cuentas inmovilizadas sólo representan 0.62% del universo de contribuyentes que alcanza 36 millones.
Total, qué tanto es tantito.
El reto está en la mesa de la Prodecom.
