Dr. Domingo Ruiz López
Socio Director
9 de diciembre de 2024 | Blog
El Paquete Económico 2025, presentado por el Ejecutivo Federal y aprobado por la Cámara de Diputados, constituye un punto de análisis clave para comprender el rumbo fiscal y económico de México.
La Ley de Ingresos proyecta ingresos por 9.3 billones de pesos, destacando dos elementos centrales:
no contempla nuevos impuestos ni incrementos en las tasas existentes, y basa sus expectativas en un crecimiento económico estimado entre 2% y 3%.
Sin embargo, estas proyecciones dejan ver riesgos estructurales que deben ser atendidos tanto por el gobierno como por los contribuyentes.
La fragilidad de las proyecciones de crecimiento
El crecimiento estimado, aunque razonable en función de la recuperación interna, contrasta con las previsiones más conservadoras de organismos internacionales.
Por ejemplo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipan un crecimiento de entre 1.3% y 1.5% para México en 2025, cifras significativamente menores a las planteadas por el gobierno.
Esto genera un reto evidente: si la economía no crece al ritmo esperado, la recaudación tampoco alcanzará las metas, generando presiones sobre las finanzas públicas.
Ante este escenario, el gobierno enfrenta una disyuntiva: mantener la estabilidad macroeconómica y financiar sus programas sociales, infraestructura y deuda.
Aunque no se proponen nuevos impuestos, se prevé un incremento en las acciones de fiscalización para cerrar brechas de cumplimiento.
Esto incluirá:
- Auditorías más exhaustivas.
- Uso de Big Data y Machine Learning para identificar riesgos fiscales.
- Mayor presión sobre grandes contribuyentes y profesionales independientes.
El compliance tributario como imperativo empresarial
Ante este panorama, las empresas deben adoptar una postura proactiva respecto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
El compliance tributario —entendido como el conjunto de políticas, procesos y controles internos que aseguran el cumplimiento normativo— se convierte en un pilar estratégico.
Esto implica no solo mantener contabilidades claras y transparentes, sino también documentar la materialidad y razón de negocio de cada operación, dos elementos hoy fundamentales ante revisiones del SAT.
La administración de riesgos fiscales también es clave: las empresas deben identificar vulnerabilidades, prever contingencias y establecer estrategias que minimicen el impacto de cualquier observación o auditoría.
Contar con asesores especializados es, en este contexto, una necesidad para operar en un entorno cada vez más regulado y tecnológico.
El diálogo con la autoridad: asertividad y certeza jurídica
Ante una fiscalización más activa, los contribuyentes deben estar preparados para dialogar de manera asertiva con las autoridades fiscales.
Esto requiere argumentos técnicos sólidos, documentación probatoria y estrategias de conciliación adecuadas.
En este sentido, los medios alternos de solución de controversias cobran relevancia como una vía eficiente y cooperativa para resolver conflictos.
Acuerdos conclusivos
Los acuerdos conclusivos, impulsados por la PRODECON, permiten resolver disputas fiscales sin recurrir a un litigio formal.
Este mecanismo facilita el entendimiento entre contribuyente y autoridad, otorga certeza jurídica al primero y garantiza la recaudación al segundo, reduciendo tiempos y costos.
Mecanismos alternos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Los procedimientos previstos en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias abren la puerta a acuerdos previos al juicio fiscal.
Aunque no modifican los elementos esenciales de las contribuciones, permiten conciliar aspectos técnicos como:
- Valoración de pruebas.
- Apreciación de hechos.
- Interpretación normativa.
En un entorno donde la relación autoridad-contribuyente suele ser tensa, estas herramientas promueven la confianza y cooperación institucional.
Conclusión
El Paquete Económico 2025 marca una etapa crucial para la economía y la fiscalidad en México.
Si bien el compromiso de no aumentar impuestos envía una señal positiva, las metas de recaudación dependen de variables externas e internas que podrían no comportarse conforme a lo previsto.
En este entorno de incertidumbre, los contribuyentes deben reforzar sus estrategias de compliance y gestión de riesgos fiscales, preparándose para interactuar con autoridades cada vez más enfocadas en la fiscalización.
Los acuerdos conclusivos y los mecanismos alternos de solución de controversias representan oportunidades reales para construir una relación más colaborativa entre contribuyentes y autoridad.
Más que una obligación, el cumplimiento fiscal debe asumirse como una estrategia de competitividad y sostenibilidad, que permita a las empresas operar con confianza y contribuir de manera efectiva al desarrollo económico del país.