Después de una semana de fricciones, el Senado aprobó la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y el voto libre y secreto para la elección de dirigentes, que forman parte de la reforma constitucional en materia de justicia laboral.
Senadores del PRI, PAN, PRD y PVEM coincidieron en que la reforma es “histórica” e implica una nueva etapa en las relaciones de empresarios, sindicatos y trabajadores sobre la justicia laboral.
El dictamen contenía una reserva relacionada con la propuesta de modificar la fracción XVIII del Artículo 123 constitucional, que consistía en que cuando los sindicatos quisieran emplazar a huelga por firma de CCT debían acreditar la “representación mayoritaria” de los trabajadores.
El senador priísta Tereso Medina explicó que se planteó el punto de vista del empleador para contar con una norma constitucional que evite emplazamientos frívolos, de falsas organizaciones sindicales, y el del sector obrero para impedir la práctica de los contratos de protección que vulneran los derechos de los trabajadores.
Agregó que tras diversas reuniones en días pasados y el cabildeo de sindicatos en este tema, se eliminó la palabra “mayoritaria” por lo que la adición a la fracción XVIII del Artículo 123 quedará: “Cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo se deberá acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores”.
Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales dijo que con la reforma, la justicia laboral se transfiere a los poderes judiciales de la Federación y de las entidades federativas y se crea un organismo descentralizado conciliatorio que atenderá las diferencias entre trabajadores y patrones.
Además se incorporó a la fracción XXII BIS en el Artículo 107 constitucional la expresión “personal, libre y secreta” para el voto de los trabajadores al celebrar un CCT y elegir dirigentes sindicales.
De las audiencias a celebrar fueron diferidas, situación que abona al rezago en la resolución de conflictos.