La Prodecon llegó a la conclusión de que se trataba de un problema de carácter sistémico porque involucra a un sector del comercio exterior a los que se les debería dar trato preferencial al amparo del Tratado de Libre Comercio con América del Norte que se les ha negado.
Explicó que la autoridad fiscal lleva a cabo los procedimientos de verificación de origen de mercancías directamente con el productor o el exportador en el extranjero sin haber sido notificado como importadores y sin derecho a audiencia.
Además, se encontró que las notificaciones se hacen indebidamente en el inicio del procedimiento porque se entregan cuestionarios sin traducción y a través de una empresa privada de mensajería.
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
En el expediente de la Prodecon se pone de relieve que esta situación está dejando consecuencias de carácter jurídico y económico. Primero, porque se vulnera la seguridad jurídica y, segundo, porque se les fincan créditos fiscales por haber omitido supuestamente sus obligaciones con el fisco.
Por lo que emitió una recomendación como medida correctiva para que las autoridades hacendarias reconozcan el interés con que cuenta el importador para participar en los procedimientos de verificación de origen que actualmente se hacen ante el productor o exportador.
