Cabe mencionar también que, si uno de los objetivos es aumentar la base gravable, será necesario incrementar el IVA pues, dado que cerca de 15 millones de mexicanos trabajan en la informalidad, es muy difícil que paguen impuestos sobre la renta. Pero un incremento del IVA sería resentido, sobre todo, entre quienes menos recursos tienen ya que, necesariamente, impactaría en los precios al consumidor. Esto conlleva que habría que compensar a las personas de menos ingresos, lo cual implica costos administrativos y se prestaría a manejos clientelares. ¿Qué hacer a este respecto? ¿O acaso Peña y su equipo formalizarán a más de 14 millones de trabajadores?
Otro aspecto relevante es el vínculo entre el sector energético y la política fiscal: en nuestro país, hablar de impuestos es hablar de Pemex y viceversa, lo que implica que no se puede plantear reforma fiscal alguna si no se le vincula plenamente a una reforma de Pemex. En concreto, lo ideal sería que el petróleo ya no nos reporte casi 40% de los ingresos totales del sector público, lo que se conseguiría si, efectivamente, la base gravable es ampliada y/o si el gasto gubernamental se ejerciera con mayor eficiencia.
Lo anterior es importante porque el vínculo Pemex-fisco resulta inevitable, sí, pero también porque, tarde o temprano, nos quedaremos sin petróleo: no es bueno, de hecho nunca lo ha sido, que dependamos tanto de ese recurso. Además, si aligeráramos la carga fiscal de Pemex, la empresa tendría más recursos para invertir en sí misma o, en su defecto, seguiría brindando al gobierno lo que le brinda hoy, pero si la base gravable es de verdad mayor, la recaudación fiscal total superaría a la actual, lo cual sería positivo. Sin embargo, aquí hay un problema: todo cambio a Pemex «tiene» que pasar por el sindicato petrolero y está claro que el PRI no quiere pleitos con él. ¿Es creíble que Peña Nieto desee una reforma fiscal-energética profunda cuando, simultáneamente, no estaría dispuesto a enfrentarse con Romero Deschamps y los suyos?
Además de lo ya indicado, consideremos qué significa que todos los miembros del Estado mexicano sean responsables de que haya más y mejor recaudación. Para mí, esto se traduce en que los ciudadanos y los tres niveles de gobierno están obligados a contribuir y trabajar en términos fiscales, lo cual no sólo es correcto sino deseable. Pero entonces surgen algunas preguntas: ¿los gobiernos de los estados podrán recaudar más impuestos que ahora?, ¿los municipales también? Si es así, ¿qué nuevas obligaciones tendrán dichos gobiernos y qué tareas ya no cumplirá el federal? Igualmente, si hay nuevos impuestos, e incluso si no los hay, ¿con qué mecanismos contaremos nosotros, los gobernados, para asegurarnos de que las autoridades, todas, gasten de manera adecuada, no haya corrupción, etcétera? ¿O se espera que paguemos más impuestos y, probablemente, a mayores tasas, sin que tengamos derecho a fiscalizar a quienes, año con año, mes con mes, nos fiscalizan?
Más allá de las preguntas y dudas, ojalá que Peña logre una reforma fiscal… y que, al contrario de lo que ocurrió con la laboral, sea la que México realmente necesita: urge.
