Afirma que en la gran mayoría de los casos, la alternativa de transporte público en las ciudades mexicanas es de extraordinaria mala calidad, frecuentemente caro, lento y peligroso.
Además, en los últimos años la política del Gobierno federal significó vender los combustibles en el país a un precio inferior al de importación de referencia.
Para el organismo de investigación del sector privado, esto condujo a otorgar subsidios que significaron verdaderas fortunas que podrían haberse usado para llevar a cabo una verdadera política moderna de transporte de calidad para personas en todas las ciudades de México.
Según refiere, algunos cálculos indican que para mitigar el efecto de las «externalidades» negativas ocasionadas por el excesivo uso de vehículos particulares, se debería establecer un sobreprecio de alrededor de cinco pesos por litro de combustible en el país.
Ello, con el propósito de dedicar la recaudación a modernizar el transporte público, así como a mitigar los daños en salud y ambientales.
Reconoce que los consumidores directos de combustibles verán esta propuesta como una afrenta porque resentirán de inmediato el efecto en sus carteras, pero los millones de personas que tienen necesariamente que usar el transporte público lo verán como un extraordinario beneficio.
El sobreprecio planteado sería una aplicación del popular dicho «el que contamina paga», sólo que aquí la contaminación también significa la pérdida innecesaria de tiempo que se requiere para transportarse mediante un medio eficaz y eficiente: el transporte público.
El CEESP menciona que otra de sus propuestas ha sido liberar el precio de los combustibles, es decir, que su precio se determine con base en la oferta y demanda de gasolinas.
El actual «podría ser el mejor momento para definir una política de precios de los combustibles acorde con las necesidades que tiene el país».
FICHA TÉCNICA
El camino del subsidio
A partir de este mes, y después de más de tres años, los precios de las gasolinas en México volverán a ser más elevados que el de comparación con el mercado de Estados Unidos, afirma el CEESP.
La eliminación del subsidio a los combustibles es un beneficio para el sector público, pues llegó a poco más de 200 mil millones de pesos el año pasado, monto que equivale a 1.3% del PIB.