Provincia/México, DF.- Grandes empresas comenzaron a promover demandas de amparo contra el decreto de estímulos fiscales que permite a los gobiernos estatales y municipales no cobrar el Impuesto sobre la Renta (ISR) a sus empleados, o en su defecto, retenerlo pero no enterarlo al 
Entre las empresas quejosas, que alegan discriminación y trato inequitativo, destacan Liverpool, Transportación Marítima Mexicana, Telefónica, Casas GEO, Dow Química Mexicana y McCormick de México, la mayoría por medio de filiales que controlan las operaciones de recursos humanos y por tanto son las encargadas de retener el ISR de los trabajadores.
Este tipo de amparos, conocidos como «envidiosos», porque el quejoso reclama beneficios a terceros, han tenido poco éxito en los últimos años ante la Suprema Corte de Justicia, que considera que el Congreso tiene amplias facultades para otorgar estímulos fiscales.
El pasado 25 de febrero, un juez federal admitió a trámite el amparo promovido por un grupo de intelectuales y académicos para impugnar precisamente la misma norma.
En este caso, los quejosos se presentaron como ciudadanos inconformes con las pérdidas que este beneficio significa para el erario, y se basaron en informes de la Auditoría Superior de la Federación, que ha criticado al SAT por la opacidad con la que autoridades locales pueden disponer del ISR que retienen a sus empleados.
La ASF señaló que de 2009 a 2011 el estímulo fiscal por este concepto rebasó los 13 mil millones de pesos, aunque fuentes hacendarias afirmaron a Reforma que el beneficio no es para que los gobiernos locales se queden con el ISR, sino que deriva de contratos colectivos por los que dichas autoridades «perdonan» a sus empleados el tributo y les pagan sus salarios íntegros.
Las fuentes también detallaron que la aplicación del decreto está sujeta a la figura de la compensación, por la cual los gobiernos locales dejan de cobrar los que les adeuda la Federación por conceptos como Impuesto sobre Nóminas de empleados del IMSS y derechos por suministro de agua en inmuebles públicos.
Pero el hecho es que, según la ASF, no hay reglas claras para la aplicación de esas compensaciones ni estadísticas confiables sobre las deudas federales con los Estados.
«Las constantes modificaciones que se han realizado al Decreto de estímulos a través de la Ley de Ingresos, así como admitir que los contribuyentes cambien entre un programa de estímulos y otro, no permite una evaluación de los resultados obtenidos», afirmó la ASF en el informe de la Cuenta Pública de 2010.
