2 de julio de 2026 | Derecho Fiscal
El 9 de junio de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma amplia a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA), que regula el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Su objetivo es imprimir mayor celeridad al procedimiento, ampliar el uso de herramientas digitales y ajustar reglas relevantes sobre suspensión, vía sumaria, notificaciones, cumplimiento de sentencias y revisión fiscal. Para las empresas, la reforma confirma que la defensa fiscal y administrativa debe prepararse desde la operación y no sólo cuando vence el plazo para demandar.
Contenido de la reforma
La reforma incorpora una regla general de oportunidad procesal: salvo disposición específica, los acuerdos o resoluciones que recaigan a promociones deberán emitirse en un plazo máximo de cinco días. A ello se suman plazos concretos para admitir o desechar la demanda, proveer sobre ampliaciones, atender promociones de la persona tercera, resolver incidentes y encauzar diversas actuaciones durante la instrucción. La modificación no garantiza por sí misma que todos los juicios sean breves, pues subsisten factores como la complejidad probatoria, los recursos y la carga de trabajo de las Salas; pero sí proporciona parámetros para exigir una tramitación más ordenada y para activar los mecanismos legales frente a dilaciones injustificadas.
En materia de acceso a la jurisdicción, el artículo 2 de la LFPCA reconoce expresamente la procedencia del juicio contra actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, distintos de los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o se impugnen junto con su primer acto de aplicación. Asimismo, se actualizan reglas de partes, representación y actuación procesal, con una redacción que busca adaptar la Ley a la estructura vigente de las autoridades y a la denominación actual del Tribunal.
La digitalización es otro eje. Cuando la persona demandante opte por el juicio tradicional, la autoridad demandada y la tercera interesada podrán comparecer y presentar promociones por medio del Sistema de Justicia en Línea o de la herramienta habilitada por el TFJA. Los traslados podrán practicarse electrónicamente y el expediente físico se integrará con impresiones certificadas de las actuaciones digitales. Además, al exhibir documentos digitalizados deberá precisarse, bajo protesta de decir verdad, si se trata de copia simple, copia certificada u original digitalizado; de omitirse la manifestación, se presumirá que es copia simple. La Magistratura instructora conserva la posibilidad de requerir la exhibición física cuando la estime necesaria.
También se fortalece el papel del Boletín Jurisdiccional. Las notificaciones electrónicas se entenderán realizadas con la publicación en ese medio, con independencia de que el destinatario reciba el aviso por correo. A partir de la reforma, la notificación surtirá efectos al segundo día hábil siguiente a la publicación. En consecuencia, el seguimiento del Boletín deja de ser una práctica deseable y se vuelve un control operativo indispensable para evitar la preclusión de derechos.
En medidas cautelares, se deroga el requisito de acreditar que los daños o perjuicios derivados de la ejecución sean de difícil reparación. La modificación puede facilitar la construcción de solicitudes de suspensión, aunque la medida no se vuelve automática: subsisten el interés social, el orden público y, tratándose de créditos fiscales, las reglas de garantía del interés fiscal. La Ley además precisa dos supuestos en los que se considerará afectado el interés social o el orden público: cuando la suspensión permita realizar actividades o prestar servicios que requieren permiso, autorización o concesión federal sin contar con ella, o cuando permita consumar o continuar infracciones o delitos. La suspensión provisional deberá proveerse en veinticuatro horas; para la definitiva, la autoridad rendirá informe en cuarenta y ocho horas y el Tribunal resolverá dentro de los cinco días siguientes.
La vía sumaria amplía su ámbito: procede cuando el importe no exceda de treinta veces la UMA anual vigente y ahora incluye expresamente las resoluciones de autoridades fiscales federales recaídas a solicitudes de devolución por saldos a favor o pagos de lo indebido. La sentencia deberá emitirse, como regla, dentro de seis meses contados desde la admisión de la demanda, aunque el plazo se suspende por incidentes, recursos u otros procedimientos que impidan resolver. La reforma también ordena reconducir el juicio a la vía correcta, mientras no se cierre la instrucción, sin desecharlo ni obligar a repetir promociones ya presentadas.
Finalmente, se actualiza el recurso de revisión fiscal. El umbral ordinario de cuantía se eleva a más de veintisiete mil UMA; sin embargo, la procedencia conserva hipótesis por importancia y trascendencia, por materia y por la intervención de autoridades como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT, la Agencia Nacional de Aduanas de México y autoridades fiscales coordinadas. Por ello, una sentencia favorable de primera instancia puede no cerrar la controversia, particularmente en asuntos con impacto recaudatorio o criterios relevantes.
Aspectos clave a considerar
La entrada en vigor es escalonada. El decreto rige desde el día siguiente a su publicación, pero la posibilidad de que autoridades demandadas y terceras personas comparezcan digitalmente en juicios tradicionales iniciará a los ciento ochenta días naturales. Los nuevos plazos máximos aplicables al Tribunal y a las partes entrarán en vigor a los doscientos cuarenta días naturales. Esta transición debe aprovecharse para revisar expedientes, protocolos de control de términos y capacidades tecnológicas.
El cambio más relevante para la gestión empresarial no es sólo jurídico. Las áreas fiscal, contable, financiera, de comercio exterior y cumplimiento deben estar en condiciones de entregar información completa y verificable desde el inicio del litigio: contratos, CFDI, pagos, evidencia de materialidad, expedientes de devoluciones, comunicaciones con la autoridad y elementos que acrediten el impacto operativo o financiero de una ejecución. En un procedimiento más ágil, los documentos que no fueron preservados oportunamente pueden ser difíciles de reconstruir cuando ya existe un plazo corriendo.
Implicaciones para la defensa
La reforma desplaza la defensa hacia una lógica preventiva. La demanda debe responder a una teoría del caso completa: hechos comprobables, conceptos de impugnación conectados con la prueba, análisis de la competencia y motivación de la autoridad, así como una estrategia cautelar que explique con precisión el riesgo de ejecutar el acto. Los argumentos formales siguen siendo relevantes, pero su eficacia dependerá de demostrar cómo afectaron el derecho de defensa y por qué la irregularidad trascendió al sentido de la resolución.
Para la empresa, conviene establecer una matriz de controversias que identifique la fecha de notificación, los plazos para medios de defensa, la autoridad emisora, el impacto económico, las garantías posibles, la evidencia disponible y la persona responsable de cada acción. El despacho litigante debe incorporarse con oportunidad para entender la operación y traducir el impacto de negocio en argumentos jurídicos y medios de prueba. Dejar esa interacción para los últimos días aumenta el costo, reduce alternativas y debilita la posición procesal.
La reforma abre una oportunidad para una justicia administrativa más expedita, pero también eleva el estándar de preparación. Controlar el Boletín Jurisdiccional, preservar evidencia digital, evaluar tempranamente la suspensión y anticipar una eventual revisión fiscal serán tareas decisivas. En Ruiz Consultores acompañamos a las empresas en el diseño y ejecución de estrategias de defensa fiscal y administrativa que integran análisis jurídico, riesgo financiero y continuidad operativa. La mejor defensa comienza antes de que el acto de autoridad se convierta en un litigio.