La denuncia firmada por el procurador fiscal Javier Laynez Potisek apunta que los actos de Jiménez Flores fueron con el objetivo de avalar el registro de un préstamo para Coahuila con Bancomer por 550 millones de pesos sin que existiera un expediente, y utilizando el registro de un préstamo para un municipio de San Luis Potosí.
Información de SHCP apunta que Jiménez fue llamado ante el órgano interno de control y separado de su cargo. Hoy su plaza, con sueldo de 94 mil pesos mensuales, está vacante y en su domicilio de Lomas Verdes aparentemente no hay nadie.
Coahuila solicitó el préstamo a Bancomer con base en lo aprobado por su Legislatura local en 2009, pero de la investigación de la Procuraduría Fiscal se desprende que Jiménez utilizó «ilícitamente» información confidencial que tenía a disposición por su cargo y empleo para simular su registro.
Dicha información usada por Jiménez Flores a su favor consiste en los datos con que debió contar el documento para avalar la deuda, y con ello que el Gobierno federal realizara las retenciones para entregarlas a su vez a Bancomer: «Tales como el número de oficio, el formato utilizado en el trámite regular de un registro de tal naturaleza, la información necesaria para emitir el mismo, los datos del crédito que aparentemente se registraba, tales como el deudor directo, deudor solidario, acreedor y monto del crédito y los datos de la autorización de la Legislatura local con los que, en su caso, habría sido autorizado el citado crédito».
